Cómo Desembargar Cuentas por Comparendos Prescritos de Tránsito en Colombia [Guía Paso a Paso 2026]

Esta regulación procesal tiene alcance vinculante sobre los más de 120 organismos de tránsito municipales, departamentales y distritales de Colombia. Con base en la Ley 2213 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), todos los derechos de petición, recursos contenciosos y solicitudes de desembargo deben ser radicados y resueltos por vía electrónica obligatoria, permitiendo anular embargos decretados en cualquier rincón del país sin que el titular de la cuenta deba viajar ni pagar costosos tramitadores ilegales.

1. Diferencia Vital: Caducidad (Art. 161) vs. Prescripción (Art. 159 CNT)

Para derrotar a la autoridad de tránsito en el terreno procesal, es indispensable dominar la diferencia técnica entre dos instituciones extintivas que con frecuencia son confundidas por los ciudadanos:

• Caducidad de la Acción Sancionatoria (Artículo 161 del CNT modificado por el Decreto Ley 019 de 2012): Es el término perentorio que tiene el organismo de tránsito para investigar, celebrar la audiencia y expedir la resolución que declara contraventor e impone la sanción pecuniaria. El término legal improrrogable es de un (1) año contado a partir de la fecha de comisión de la infracción. Si transcurre un año sin resolución sancionatoria en firme, la potestad sancionatoria del Estado caduca irremediablemente.
• Prescripción de la Sanción y de la Acción de Cobro (Artículo 159 del CNT): Opera una vez existe resolución sancionatoria ejecutoriada. La norma consagra taxativamente: «Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho…». Este es el plazo límite para que la autoridad inicie y adelante válidamente el cobro coactivo.

2. El Procedimiento de Cobro Coactivo y la Interrupción del Término

El cobro coactivo de las multas de tránsito se rige supletoriamente por el Estatuto Tributario Nacional (Artículos 814 y siguientes) y la Ley 1066 de 2006. En virtud del artículo 159 del CNT, el término de prescripción de 3 años se interrumpe con la notificación válida del mandamiento de pago:

1. Interrupción por Notificación Válida: Si el mandamiento de pago fue librado y notificado conforme a las reglas estrictas de la ley antes de cumplirse los 3 años, el reloj se reinicia y corre un nuevo término de cinco (5) años (Artículo 818 del Estatuto Tributario) para hacer efectivo el remate o la liquidación del crédito.
2. La Trampa de los Tránsitos: La inmensa mayoría de las secretarías de tránsito libran un mandamiento de pago “ficticio” o de papel en sus sistemas internos para simular que interrumpieron el término, pero **jamás lo notifican personalmente ni por correo físico a la dirección registrada en el RUNT** del infractor. La jurisprudencia del Consejo de Estado es contundente: el mandamiento de pago no notificado no interrumpe la prescripción; en consecuencia, la deuda muere por el paso del tiempo.

3. El Límite de Inembargabilidad en Cuentas de Ahorros y Nequi (Art. 837-1 ET)

Incluso en el evento hipotético en que la multa de tránsito no estuviese prescrita, las autoridades de tránsito y los bancos cometen una vía de hecho al congelar el saldo total de cuentas de ahorro personales. El artículo 837-1 del Estatuto Tributario establece un límite imperativo de inembargabilidad para proteger el salario, los ahorros familiares y la subsistencia digna:

«Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y por las entidades territoriales… el límite de inembargabilidad será el señalado anualmente por la Superintendencia Financiera…»

Para el año 2026, la Circular de la Superintendencia Financiera fija el monto inembargable de las cuentas de ahorros en una suma que supera los **$45 millones de pesos**. Salvo que se trate de procesos de alimentos o deudas con cooperativas (que no es el caso de una fotomulta), **es ilegal embargar los primeros $45 millones depositados en una cuenta de ahorros, Nequi o Daviplata**.

4. La Práctica Ilegal de Concesiones y Secretarías de Tránsito Foráneas

Muchos municipios colombianos de sexta categoría entregaron la administración de su tránsito a consorcios privados y operadores tecnológicos. Estos entes emiten miles de órdenes masivas de embargo a través del sistema financiero de forma indiscriminada, buscando acorralar al ciudadano para que pague voluntariamente sumas exorbitantes infladas con intereses leoninos.

Pagar esa suma por afán es convalidar un despojo ilegal. Una vez interpuesta la debida defensa técnica, la administración está obligada no solo a levantar la orden de embargo sino a **eliminar el registro sancionatorio del SIMIT**, restituyendo el paz y salvo nacional del conductor.

5. Estructuración del Memorial de Excepciones contra el Mandamiento de Pago

Cuando la Secretaría de Movilidad notifica un embargo, procesalmente significa que existe un proceso coactivo abierto. Conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario, el afectado dispone del derecho a formular las siguientes excepciones de mérito:

• Excepción de Prescripción de la Acción de Cobro (Numeral 6 Art. 831 ET): Demostrando que transcurrieron más de tres años desde la infracción sin notificación válida del mandamiento, o más de cinco años desde el mandamiento sin liquidación.
• Falta de Título Ejecutivo o Pérdida de Fuerza Ejecutoria (Art. 91 del CPACA): Al haber desaparecido los fundamentos de derecho de la sanción por el paso del tiempo.
• Indebida Notificación del Acto Sancionatorio o del Mandamiento de Pago: Cuando la citación no fue enviada a la dirección reportada en el RUNT bajo las pautas fijadas por la Sentencia C-038 de 2020 de la Corte Constitucional.

6. La Acción de Tutela por Violación al Debido Proceso y Notificación Defectuosa

Si la autoridad de tránsito se niega a resolver las excepciones en el término de un mes, guarda silencio o rechaza caprichosamente la prescripción, la vía judicial expedita es la Acción de Tutela ante los Jueces del Circuito por transgresión de los derechos fundamentales al Debido Proceso Administrativo (Art. 29 CP) y al Mínimo Vital (Art. 1 CP).

En sede de tutela, los jueces constitucionales ordenan:

1. La suspensión inmediata del proceso de cobro coactivo.
2. La emisión de oficios judiciales a las entidades bancarias ordenando el desembargo inmediato y entrega de los dineros en 48 horas.
3. La nulidad de todo lo actuado en el proceso contravencional por indebida notificación, obligando a revocar la resolución sancionatoria.

7. Protocolo Práctico Paso a Paso para Descongelar sus Fondos Bancarios

8. Preguntas Frecuentes sobre Embargos de Tránsito en Colombia (FAQ)