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Derecho de Familia

Prescripción de la Acción de Declaración y Liquidación de Sociedad Patrimonial (Ley 54)

En las uniones maritales de hecho en Colombia, las acciones judiciales para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial prescriben en el término perentorio de un (1) año, contado a partir de la separación definitiva de los compañeros, de la celebración de un matrimonio posterior o de la muerte de uno o ambos (artículo 8 de la Ley 54 de 1990).

1. La Regla Estricta de Prescripción de Un Año (Art. 8 Ley 54 de 1990)

A diferencia del matrimonio civil donde la liquidación de la sociedad conyugal no prescribe de forma extintiva mientras no se liquiden los bienes, en la unión marital de hecho la ley colombiana castiga severamente la inacción del excompañero permanente:

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El artículo 8 de la Ley 54 de 1990 señala textualmente que las acciones para exigir la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año.

2. Cómputo del Término: Desde Cuándo se Cuenta el Año

El término de un año comienza a correr desde el día siguiente a la ocurrencia de cualquiera de estos eventos:

  • La separación física y definitiva de los compañeros permanentes.
  • El matrimonio de uno o de ambos compañeros con un tercero.
  • La muerte de uno o de ambos compañeros permanentes.

3. Cómo Interrumpir la Prescripción: Conciliación Extrajudicial y Demanda

Para evitar la pérdida irreversible del derecho a reclamar la mitad de los bienes adquiridos en la unión:

  1. Radicar una solicitud formal de conciliación extrajudicial ante un centro avalado o notaría en Valledupar, lo cual suspende la prescripción por hasta tres (3) meses conforme a la Ley 2220 de 2022.
  2. Presentar la demanda judicial ante el Juzgado de Familia antes de que expire el plazo legal con la debida notificación al demandado.

4. Diferencia Entre Acción de Unión Marital y Acción Patrimonial

La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han aclarado que la acción para declarar la existencia del estado civil de unión marital de hecho es imprescriptible. Lo que prescribe al año es única y exclusivamente la acción patrimonial de disolución y partición de bienes.

5. Qué Ocurre si Transcurre el Año sin Demandar en el Cesar

Si el término expira sin interrumpirse, el demandado podrá proponer con éxito la excepción previa o de mérito de prescripción extintiva, consolidando los bienes en cabeza de quien figure como titular registral en las escrituras o certificados de tradición.

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Para comprender en toda su dimensión el alcance de Prescripción de la Acción de Declaración y Liquidación de Sociedad Patrimonial (Ley 54), resulta indispensable examinar el régimen de fuentes del derecho colombiano aplicable a la materia. El marco sustancial se encuentra consagrado en Código Civil Colombiano, Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), Decreto 902 de 1988 y Decreto 4436 de 2005, normativas de orden público que imponen reglas perentorias para la protección de los derechos sustanciales y procesales de las partes involucradas.

La primacía de los derechos fundamentales (Art. 2° de la Carta Política) y el principio de seguridad jurídica exigen que cualquier reclamación o trámite administrativo o judicial vinculado con esta temática respete de manera estricta las garantías del debido proceso y la plenitud de las formas propias de cada juicio (Art. 29 C.P.). En la práctica forense de Colombia, la transgresión de estas disposiciones acarrea la nulidad insubsanable de los actos emitidos o la ineficacia de pleno derecho de las medidas adoptadas.

Doctrina Jurisprudencial de las Altas Cortes y Criterio Unificado

El estándar probatorio y sustantivo en este ámbito ha sido perfilado de manera rigurosa por la Juzgados y Tribunales de Familia y Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En reiteradas providencias de unificación y casación, los altos magistrados han sentado directrices determinantes para resolver controversias relativas a Prescripción de la Acción de Declaración y Liquidación de Sociedad Patrimonial (Ley 54):

  • Principio de Favorabilidad y Buena Fe Calificada: La interpretación de los textos legales debe armonizarse con el postulado constitucional de la buena fe exenta de culpa (Art. 83 C.P.) y la protección a la parte que soporta la mayor carga procesal o asimetría de información.
  • Carga Dinámica de la Prueba (Artículo 167 del Código General del Proceso): Si bien la regla general asigna a quien demanda la carga de probar los supuestos de hecho de las normas invocadas, los juzgadores están facultados para exigir la aportación de elementos probatorios a la parte que se encuentre en mejores condiciones técnicas, operativas o financieras de allegarlos.
  • Interdicción de la Arbitrariedad: Ninguna decisión sancionatoria, retención patrimonial o ruptura contractual puede sostenerse en la discrecionalidad injustificada de autoridades públicas o entidades particulares.

Ruta Procesal Paso a Paso para la Exigibilidad y Defensa

Quien se encuentre frente a un escenario que demande la exigibilidad de derechos o la defensa de su patrimonio respecto de esta materia debe adelantar un protocolo procesal estructurado en etapas sucesivas:

  1. Auditoría Probatoria y Análisis de Viabilidad: Recopilación exhaustiva de documentos originales, certificaciones, constancias de radicación y soportes digitales con verificación de marcas de tiempo y trazabilidad técnica.
  2. Requerimiento Extrajudicial o Agotamiento de Conciliación Prejudicial: Conforme a las directrices de la Ley 2220 de 2022 (Estatuto de Conciliación), se promueve el intento formal de arreglo directo ante Centros de Conciliación autorizados, Notarías, Personerías o Defensorías, preconstituyendo el requisito de procedibilidad de ley.
  3. Estructuración y Presentación de la Acción Judicial: Radicación formal de la demanda o memorial fundado ante la autoridad competente (Audiencia obligatoria de conciliación previa, inventario solemne de bienes, intervención del Defensor del ICBF y sentencia o escritura notarial), solicitando oportunamente el decreto y práctica de medidas cautelares preventivas para salvaguardar el objeto litigioso.
  4. Contradicción y Etapa de Juicio Oral: Comparecencia a audiencias públicas virtuales o presenciales (Ley 2213 de 2022), donde se formulan alegatos de conclusión y se desvirtúan las excepciones de la contraparte.
  5. Fase de Ejecución y Cumplimiento Forzoso: Una vez en firme la providencia judicial o acto definitivo, se activa el mecanismo coactivo o ejecutivo para garantizar el pago efectivo de sumas líquidas o la restitución inmediata del derecho reconocido.

Riesgos Procesales, Excepciones Legales y Errores Habituales

En el ejercicio profesional de la litigación en Colombia se constatan con frecuencia fallas técnicas que pueden malograr una pretensión legítima. Entre los errores más críticos destacan:

  • Dejar Operar la Caducidad o Prescripción Extintiva: Desconocer los plazos perentorios consagrados en la ley produce la extinción irrevocable de la acción judicial, cerrando definitivamente las puertas del despacho del juez.
  • Indebida Notificación o Defectuosa Individualización de Partes: Errores en las direcciones electrónicas reportadas o falta de acreditación del acuse de recibo conforme a la Ley 2213 de 2022 pueden derivar en nulidades procesales insanables.
  • Aceptación Tácita de Cobros o Medidas Sin Oposición: Guardar silencio frente a traslados o requerimientos judiciales dentro del término legal faculta al juez para proferir autos de ejecución forzosa con fuerza de sentencia inapelable.

Cuadro Comparativo Procesal: Etapas, Plazos y Fundamento Normativo

Etapa Procesal Término Legal Aplicable Fundamento Jurídico en Colombia Acción Estratégica Recomendada
Fase Prejudicial 10 a 15 días hábiles Ley 1755 de 2015 y Ley 2220 de 2022 Radicar Derecho de Petición o solicitud de conciliación
Interposición de Acción Término de caducidad o prescripción Código Civil Colombiano, Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), Decreto 902 de 1988 y Decreto 4436 de 2005 Presentar demanda con solicitud de medidas cautelares
Traslado y Oposición 10 a 20 días según trámite Código General del Proceso / CPACA Contestar demanda y formular excepciones de mérito
Audiencia y Fallo Fecha fijada por despacho Ley 2213 de 2022 (Justicia Digital) Practicar pruebas y sustentar alegatos orales
Ejecución y Cumplimiento Inmediato a ejecutoria Art. 422 y ss. CGP / Art. 192 CPACA Exigir mandamiento ejecutivo o pago presupuestal

Preguntas Frecuentes sobre Prescripción de la Acción de Declaración y Liquidación de Sociedad Patrimonial (Ley 54) (FAQ)

¿Cuáles son las consecuencias de no actuar dentro de los términos establecidos por la ley?

El vencimiento de los términos legales apareja la preclusión de la oportunidad procesal y, según el caso, la caducidad extintiva del medio de control o la prescripción liberatoria de la obligación. Esto impide volver a debatir el asunto ante los tribunales de la República.

¿Es indispensable contar con representación de abogado titulado para este trámite?

Salvo en actuaciones de mínima cuantía donde la ley autoriza litigar en causa propia, la interposición de demandas ante jueces civiles, laborales, penales o contenciosos administrativos exige la postulación mediante abogado debidamente inscrito y portador de tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

¿Se pueden solicitar medidas cautelares preventivas desde el inicio de la demanda?

Sí. El ordenamiento procesal colombiano faculta a los demandantes para solicitar embargos preventivos sobre cuentas bancarias, secuestro de vehículos, inscripción de demanda sobre bienes inmuebles y medidas cautelares innominadas de urgencia con el fin de asegurar la eficacia material del fallo.

¿Qué costos procesales y honorarios se derivan de este tipo de litigios?

Los gastos comprenden aranceles notariales o pólizas de caución judicial cuando apliquen, honorarios profesionales pactados con arreglo a las tarifas orientadoras del Colegio Nacional de Abogados (CONALBOS) y eventuales agencias en derecho a cargo de la parte vencida en juicio.

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Abogado Anastasio Badillo Navarro

✓ Abogado Titulado

Abogado Titulado de la Universidad Popular del Cesar (UPC), especialista en Derecho Penal, Laboral, Familia, Tránsito y Transporte. Defensor litigante en audiencias preliminares, juicios orales, fijación de cuotas de alimentos (Ley 1098 de 2006) y liquidación de prestaciones e indemnizaciones laborales (CST). Inscrito ante el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

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