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Derecho Penal

Artículo 38B Código Penal: Requisitos de Casa por Cárcel en Colombia [Guía 2026]

¿Cuáles son los requisitos legales para acceder a la prisión domiciliaria (Art. 38B Código Penal)?

Para acceder al sustituto de la prisión domiciliaria (casa por cárcel) en Colombia según el artículo 38B de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), la defensa técnica debe acreditar el cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos sustanciales ante el juez de conocimiento o de ejecución de penas:

  • Requisito objetivo: Que la pena mínima de prisión prevista en la ley penal para el delito atribuido sea de ocho (8) años o menos.
  • Requisito de exclusión: Que la conducta punible no se encuentre prohibida expresamente en el catálogo restrictivo del artículo 68A del Código Penal.
  • Requisito subjetivo: Que el arraigo familiar, laboral y social del procesado permita concluir razonablemente que no evadirá la justicia ni representará un peligro para la comunidad.
  • Garantía formal: Garantizar las obligaciones del juzgado mediante caución económica y la suscripción de un acta formal de compromiso con monitoreo electrónico si fuere el caso.

¿Qué exige el Art. 38B del Código Penal para la prisión domiciliaria en Colombia?

El artículo 38B del Código Penal (Ley 599 de 2000) exige cinco requisitos concurrentes para sustituir la prisión carcelaria por casa por cárcel: pena mínima de 8 años o menos; delito no vetado en el artículo 68A; arraigo familiar y social acreditado; depósito de caución judicial; y suscripción formal de acta de compromiso bajo supervisión del INPEC.

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1. Distinción Fundamental: Detención Preventiva Domiciliaria vs. Prisión Domiciliaria

Antes de abordar los requisitos del artículo 38B, es imperativo que procesados y familiares comprendan una distinción procesal que suele generar enorme confusión en el público colombiano:

Criterio Diferencial Detención Preventiva Domiciliaria (Art. 314 Ley 906/2004) Prisión Domiciliaria Sustitutiva (Art. 38B Ley 599/2000)
Momento Procesal Durante la etapa de investigación o juzgamiento (procesado sin condena, cobijado por presunción de inocencia). Al momento de dictar sentencia condenatoria o durante la fase de ejecución de la pena ya ejecutoriada.
Autoridad Competente Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías en audiencia concentrada preliminar. Juez de Conocimiento (en la sentencia) o Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Finalidad Legal Medida cautelar para garantizar la comparecencia al proceso, proteger a la víctima o evitar la obstrucción a la justicia. Forma sustitutiva de cumplimiento de la pena privativa de la libertad impuesta en condena en firme.
Requisito Punitivo Se evalúa conforme al test de proporcionalidad y necesidad del Art. 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal. Pena mínima del delito de 8 años o menos y ausencia de prohibición en el Art. 68A del Código Penal.

2. Los Cinco Requisitos Sustanciales del Artículo 38B del Código Penal

El artículo 38B de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, establece de manera taxativa los presupuestos que el juez debe verificar:

Requisito 1: La Pena Mínima Legal Prevista en la Ley (Punitivo Objetivo)

La norma exige: «Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos». Para este análisis, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado de manera reiterada que se debe tomar en cuenta la pena mínima abstracta fijada en el tipo penal básico, considerando los atenuantes o circunstancias de menor punibilidad reconocidas en la acusación o preacuerdo, y no la pena concreta fijada finalmente en la sentencia.

Requisito 2: No estar incurso en la Lista de Delitos del Artículo 68A (Objetivo Negativo)

El procesado no puede haber sido condenado por ninguno de los delitos taxativamente excluidos en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000 (modificado por la Ley 1773 de 2016 y normas subsiguientes). Este es el filtro más severo de la ley penal colombiana e impide el beneficio a delitos contra la libertad e integridad sexual, extorsión, secuestro, feminicidio y delitos dolosos contra la administración pública cuando la víctima sea el Estado.

Requisito 3: Demostración Fehaciente del Arraigo Familiar y Social (Subjetivo Positivo)

El artículo 38B señala: «Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado». No basta con la simple manifestación verbal de la defensa; se requiere allegar al despacho judicial un acervo probatorio contundente:

  • Certificados de vecindad expedidos por alcaldías locales o inspecciones de policía que certifiquen residencia continua y estable.
  • Contratos de arrendamiento legalizados o escrituras públicas y certificados de libertad del inmueble donde se cumplirá la reclusión domiciliaria.
  • Registros civiles de nacimiento de hijos menores de edad o dependientes económicos que conviven con el procesado.
  • Certificaciones laborales vigentes, contratos de prestación de servicios o acreditación de actividad comercial lícita.
  • Constancias de estudios técnicos o universitarios y cartas de recomendación comunitarias o gremiales.

Requisito 4: Otorgamiento de Caución Judicial

El condenado debe garantizar mediante depósito en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia (o póliza judicial de compañía de seguros) una caución prendaria fijada por el juez, cuyo monto suele tasarse entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), dependiendo de la capacidad socioeconómica del procesado.

Requisito 5: Suscripción del Acta de Compromiso

El beneficiario debe suscribir un acta formal ante el despacho judicial obligándose expresamente a:

  1. No cambiar de domicilio sin autorización previa y escrita del Juez de Ejecución de Penas.
  2. Reparar los daños ocasionados con el delito en el término que fije el funcionario judicial, salvo insolvencia debidamente probada.
  3. Comparecer ante la autoridad judicial cada vez que sea formalmente requerido.
  4. Permitir en cualquier momento el ingreso a la residencia de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y autoridades de policía para verificar el cumplimiento de la medida.

3. Artículo 38G del Código Penal: El Mecanismo de Vigilancia Electrónica (Brazalete INPEC)

El artículo 38G de la Ley 599 de 2000 regula la instalación de sistemas de vigilancia electrónica (grillete o brazalete electrónico con tecnología GPS y radiofrecuencia):

«Artículo 38G. Sistemas de vigilancia electrónica. El juez podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica como medida sustitutiva de la prisión o de la detención preventiva, o como mecanismo de control para la libertad condicional…»

Aspectos operativos fundamentales del brazalete electrónico en Colombia:

  • Verificación de Viabilidad Técnica del INPEC: Previo a conceder el mecanismo, el juez oficia al Centro de Monitoreo Electrónico del INPEC (CAME) para que emita concepto técnico sobre cobertura satelital y de red celular en el domicilio propuesto. Si el domicilio se ubica en zona rural sin señal, el INPEC reportará inviabilidad técnica, debiendo la defensa proponer un domicilio urbano alternativo.
  • Costos del Sistema de Monitoreo: El artículo 38G establece que el costo del brazalete debe ser sufragado por el procesado, salvo que demuestre ante el juez incapacidad económica total mediante estudio socioeconómico, evento en el cual el costo es asumido por el Estado colombiano a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
  • Delimitación del Radio de Acción: El dispositivo se programa para emitir alerta sonora y telemática inmediata a la central del INPEC si el condenado cruza el perímetro geográfico autorizado (generalmente la puerta del inmueble), lo que genera informe disciplinario inmediato al juez.

4. La Lista Negra del Artículo 68A: Delitos Excluidos de Prisión Domiciliaria

El obstáculo más severo para obtener la casa por cárcel en Colombia es el artículo 68A del Código Penal. Este artículo prohíbe de manera tajante conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria a quienes hayan sido condenados por:

  • Homicidio doloso agravado (Art. 104 C.P.) y Feminicidio (Art. 104A C.P.).
  • Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales (acceso carnal violento, actos sexuales abusivos con menores de 14 años, explotación sexual).
  • Secuestro simple y secuestro extorsivo (Art. 168 y 169 C.P.).
  • Extorsión (Art. 244 C.P.).
  • Lavado de activos (Art. 323 C.P.) y Enriquecimiento ilícito de particulares (Art. 327 C.P.).
  • Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado (Art. 376 C.P.), salvo los eventos de conservación de pequeñas cantidades sin fines de narcotráfico a gran escala.
  • Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares (Art. 366 C.P.) o de defensa personal con circunstancias de agravación (Art. 365 incisos 2 y 3).
  • Delitos dolosos contra la administración pública: Peculado por apropiación, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

5. La Excepción Constitucional: Madre o Padre Cabeza de Familia (Ley 750 de 2002)

Cuando un delito se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 68A, la única puerta de acceso constitucional a la prisión domiciliaria radica en la Ley 750 de 2002, reglamentada y protegida por la Corte Constitucional de Colombia (Sentencias de Unificación SU-388 de 2013 y SU-145 de 2021):

«La mujer cabeza de familia o el hombre en idénticas circunstancias que tenga a su cargo exclusivo el sustento y cuidado de hijos menores de edad, hijos con discapacidad permanente o adultos mayores dependientes, podrá cumplir la pena privativa de la libertad en su domicilio, prevaleciendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (Art. 44 Constitución Política) sobre los fines retributivos de la pena.»

Para que prospere la solicitud por Ley 750 de 2002 ante el Juez de Ejecución de Penas se debe acreditar:

  1. Que el procesado o condenado ejerce la jefatura exclusiva del hogar (no convive con otra persona en capacidad de proveer o cuidar).
  2. Que la ausencia física del procesado provoca una situación de abandono, desnutrición, desescolarización o grave desprotección física o emocional de los menores o dependientes.
  3. Que no se cuenta con red de apoyo familiar cercana (abuelos, tíos) con recursos y aptitud moral para asumir la custodia.
  4. Que el delito cometido no atenta directamente contra la integridad de los menores a cargo (no procede en delitos de incesto, maltrato infantil o abuso sexual contra los propios hijos).

6. Causales de Revocatoria Inmediata de la Prisión Domiciliaria

La casa por cárcel no es una carta de libertad definitiva ni un derecho incondicional. El artículo 38B, parágrafo 2º, señala que el juez revocará el beneficio y ordenará la captura y remisión inmediata a una cárcel ordinaria cuando:

  • El condenado sea sorprendido fuera de su domicilio sin autorización judicial previa o permiso laboral formalmente aprobado por el INPEC y el Juez de Ejecución de Penas.
  • No atienda en tres (3) ocasiones las visitas de supervisión de los custodios del INPEC o no responda a las llamadas del centro de monitoreo electrónico.
  • Manipule, altere, intente cortar o dañe el brazalete electrónico o su receptor de señal domiciliario.
  • Cometa una nueva conducta punible durante el disfrute de la medida domiciliaria.
  • Incumpla de manera injustificada la obligación de reparar a las víctimas dentro del plazo establecido en el acta de compromiso.

7. Preguntas Frecuentes sobre la Casa por Cárcel en Colombia

¿Puedo trabajar teniendo casa por cárcel en Colombia?

Sí. El Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993, Art. 38B y 38G) autoriza al Juez de Ejecución de Penas a conceder permisos laborales domiciliarios o con desplazamiento controlado. La defensa técnica debe aportar la propuesta laboral formal con horarios de entrada y salida, ruta de desplazamiento fija y certificación del empleador. El juez autoriza una franja horaria precisa para salir a laborar y regresar al domicilio.

¿La casa por cárcel descuenta tiempo de condena para la libertad condicional?

Totalmente. Cada día purgado en prisión domiciliaria computa exactamente como un día de cumplimiento de pena efectiva de prisión. Asimismo, el procesado en detención domiciliaria tiene derecho a redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza (Ley 65 de 1993, Art. 97 y subsiguientes), redimiendo un (1) día de pena por cada dos (2) días de trabajo o estudio acreditado ante el INPEC.

¿Qué pasa si mi residencia está en zona rural sin cobertura de brazalete?

Si el INPEC certifica inviabilidad técnica para instalar el brazalete electrónico por falta de red satelital o celular, la defensa penal puede solicitar al juez que sustituya el monitoreo electrónico por vigilancia periódica mediante presentación física mensual o visitas presenciales de la Estación de Policía del municipio, o en su defecto, proponer la residencia de un familiar en el casco urbano más cercano.

7. Sustitución por Enfermedad Grave: Protocolo Médico Legal (Art. 314 Numeral 4 CPP y Art. 68 CP)

Otro de los cauces procesales de mayor trascendencia en el derecho penitenciario colombiano es la concesión de la prisión o detención domiciliaria por estado grave de enfermedad médica incompatible con la vida en reclusión formal. Este mecanismo humanitario, respaldado por la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional (Sentencia T-762 de 2015 sobre el Estado de Cosas Inconstitucional en cárceles), no está condicionado a los límites de pena del artículo 38B ni a las prohibiciones del artículo 68A.

Para su prosperidad judicial en Colombia, se requiere agotar un protocolo pericial estricto:

  1. Historia Clínica Completa y Epicrisis Especializada: La defensa técnica debe recaudar las historias clínicas de EPSí, clínicas privadas o del consorcio de salud penitenciaria que certifiquen diagnósticos de patologías crónicas, degenerativas, catastróficas o en fase terminal (cáncer, insuficiencia renal crónica terminal, cardiopatías severas, secuelas de ACV, VIH en fase avanzada).
  2. Solicitud de Valoración ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: El juez de control de garantías o de ejecución de penas ordena de manera forzosa la práctica de un examen pericial oficial. Los médicos legistas de Medicina Legal emiten un dictamen pericial vinculante donde responden categóricamente tres preguntas: (a) si el procesado padece una enfermedad grave; (b) si dicha patología es compatible o no con el tratamiento médico intra carcelario; y (c) si la permanencia en prisión pone en riesgo inminente la vida o integridad del individuo.
  3. Concepto Favorable y Auto de Sustitución: Con el dictamen pericial positivo de Medicina Legal, el juez concede la detención o prisión domiciliaria con fines de tratamiento médico asistencial, imponiendo la obligación de someterse a revisiones periódicas y emitir informes médicos semestrales al despacho judicial.

8. Recursos Judiciales y Trámite de Apelación ante Autos Desestimatorios

Si el juez de primera instancia niega la sustitución de la detención preventiva o la prisión domiciliaria del artículo 38B, el Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004) y el Código Penitenciario prevén recursos ordinarios para controvertir la decisión ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial:

  • Recurso de Reposición (Art. 176 CPP): Se interpone en la misma audiencia o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes para que el mismo juez reconsidere su postura a la luz de nuevos argumentos o pruebas de arraigo omitidas.
  • Recurso de Apelación (Art. 177 CPP): Se concede en el efecto devolutivo (lo que significa que la persona continúa privada de la libertad en el centro de reclusión mientras el Tribunal Superior resuelve). El recurso es asignado por reparto a un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial (ejemplo: Tribunal Superior de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Valledupar), quien analiza en segunda instancia si el juez incurrió en error de hecho, falso juicio de raciocinio al valorar el arraigo o indebida aplicación del artículo 68A.
  • Acción de Tutela por Vía de Hecho / Defecto Fáctico: Cuando el Tribunal Superior confirma la negativa desconociendo abiertamente pruebas contundentes de arraigo, aplicando indebidamente el artículo 68A a hechos cometidos antes de reformas legales o desatendiendo la condición de vulnerabilidad de menores de edad, procede de manera extraordinaria la Acción de Tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por violación al debido proceso (Art. 29 C.P.) y al principio de dignidad humana.

9. Jurisprudencia Relevante de la Corte Suprema de Justicia sobre el Artículo 38B

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sentado precedentes de obligatoria observancia para jueces y fiscales en Colombia:

«Radicado 52.411 (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal): El arraigo no puede ser entendido como una exigencia patrimonial de solvencia económica o posesión de bienes suntuosos, pues ello implicaría una discriminación inconstitucional por razones de pobreza. El arraigo se satisface demostrando vínculos afectivos, comunitarios, familiares y laborales legítimos que ofrezcan certeza razonable de que el sentenciado no evadirá el cumplimiento de la pena.»

«Radicado 48.922 (Corte Suprema de Justicia): En tratándose de la aplicación temporal del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, rige de manera infranqueable el principio de favorabilidad penal y no retroactividad de la ley más severa (Art. 29 de la Constitución Política). Si la conducta punible fue ejecutada bajo la vigencia de una norma que permitía la prisión domiciliaria, las modificaciones posteriores que hayan incluido dicho delito en la lista de exclusiones del 68A no pueden ser aplicadas retrospectivamente en perjuicio del procesado.»

10. Tabla de Delitos, Penas y Procedencia de Casa por Cárcel en Colombia

Conducta Punible Pena Mínima Legal ¿Incluido en Art. 68A? Viabilidad de Prisión Domiciliaria (Art. 38B)
Hurto Calificado (Art. 240 C.P.) 6 años de prisión No excluido en modalidad básica VIABLE cumpliendo requisitos de arraigo y caución.
Estafa Simple (Art. 246 C.P.) 2 años de prisión (32 meses) No ALTAMENTE VIABLE con indemnización o caución.
Homicidio Culposo en Tránsito (Art. 109 C.P.) 2.6 años (32 meses) No (salvo embriaguez) VIABLE acreditando arraigo y pólizas de seguro.
Lesiones Personales (Art. 111-114 C.P.) 1 a 3 años según deformidad No VIABLE mediante acuerdo o caución.
Violencia Intrafamiliar (Art. 229 C.P.) 6 años (72 meses) SÍ (Ley 1959 de 2019) PROHIBIDO por Art. 68A (Salvo Ley 750/2002 o sustitución médica).
Extorsión (Art. 244 C.P.) 12 años (144 meses) SÍ NO VIABLE (supera pena y está prohibido).
Porte Ilegal de Armas Agravado (Art. 365) 18 años de prisión SÍ NO VIABLE salvo preacuerdo a modalidad simple o atenuada.

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11. Preguntas Frecuentes sobre la Casa por Cárcel en Colombia

¿JurisDefensa tramita solicitudes de prisión domiciliaria en todo el país?

Sí. En virtud de la Ley 2213 de 2022, nuestro equipo de abogados penalistas litiga ante los Centros de Servicios Judiciales de todo el país, radicando incidentes de libertad y subrogados en los despachos judiciales de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Montería, Santa Marta, Valledupar y cualquier municipio de Colombia con audiencias 100% virtuales y seguimiento continuo de las carpetas penitenciarias ante el INPEC.

Artículo Relacionado del Clúster Temático: Conozca el catálogo detallado de exclusiones punitivas y excepciones humanitarias en nuestro informe sobre Delitos sin beneficio de casa por cárcel en Colombia bajo el artículo 68A del Código Penal.

Preguntas Frecuentes Relacionadas

¿Qué delitos NO tienen derecho a casa por cárcel en Colombia?

El artículo 68A del Código Penal excluye taxativamente beneficios para delitos dolosos contra la administración pública (peculado, cohecho), homicidio agravado, extorsión, secuestro, delitos sexuales contra menores de edad y porte de armas agravado, entre otros.

¿Cuál es la diferencia entre detención domiciliaria y prisión domiciliaria?

La detención domiciliaria (Art. 314 CPP) es una medida de aseguramiento preventiva impuesta durante la etapa de investigación y juicio antes de emitirse condena. La prisión domiciliaria (Art. 38B CP) es un sustituto de la ejecución de la pena que se concede tras proferirse la sentencia condenatoria definitiva.

¿Qué ocurre con la persona condenada que es madre o padre cabeza de familia?

Bajo el artículo 38G del Código Penal y la Ley 750 de 2002, se contempla la prisión domiciliaria para personas que demuestren de manera fehaciente ser el único soporte económico y de cuidado de hijos menores de edad o personas en situación de discapacidad permanente.

FORMATO LEGAL EDITABLE • ART. 38B CÓDIGO PENAL

Modelo de Solicitud de Prisión Domiciliaria ante Juez de Ejecución de Penas o Control de Garantías

Sustitución de detención en establecimiento carcelario por privación en lugar de residencia conforme a la Ley 906 de 2004 y Ley 1709 de 2014.

SEÑOR:
JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE [CIUDAD] (O JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS)
E. S. D.

REF: PROCESO PENAL No.: [NÚMERO DE RADICADO 21 DÍGITOS]
INTERNO / PROCESADO: [NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PRIVADO DE LA LIBERTAD]
CÉDULA DE CIUDADANÍA: [NÚMERO DE DOCUMENTO]
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO: [NOMBRE DEL EPMSC O CÁRCEL DONDE SE ENCUENTRA]
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR PRISIÓN DOMICILIARIA (ART. 38B CÓDIGO PENAL / ART. 314 LEY 906 DE 2004)

Respetado Señor Juez:

[NOMBRE DEL SOLICITANTE O DEFENSOR], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. [NÚMERO] expedida en [CIUDAD], [abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. (NÚMERO) del C. S. de la J. / o en mi condición de procesado/familiar], actuando dentro de la causa de la referencia, comedidamente comparezco ante su Despacho con el fin de solicitar formalmente la CONCESIÓN DEL SUSTITUTO DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA a favor de [NOMBRE DEL CONDENADO O PROCESADO], con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS Y ANTECEDENTES
1. Mediante sentencia judicial [o medida cautelar de aseguramiento] dictada en fecha [FECHA], mi prohijado(a) fue condenado(a) a la pena de [CANTIDAD DE MESES O AÑOS] de prisión por la conducta punible de [NOMBRE DEL DELITO].
2. A la fecha, el privado de la libertad se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario [NOMBRE DE LA CÁRCEL], habiendo descontado físicamente un total de [DÍAS O MESES] de privación efectiva de la libertad.
3. El delito por el cual se profirió condena NO se encuentra incluido en el listado de exclusión taxativa del artículo 68A del Código Penal, siendo jurídicamente viable la concesión del sustituto domiciliario.

II. CUMPLIMIENTO RIGUROSO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 38B DEL CÓDIGO PENAL
1. Requisito Objetivo (Pena Mínima): La pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de sanción no excede el límite legal de ocho (8) años de prisión, cumpliendo a cabalidad con el numeral 1 del artículo 38B.
2. Inexistencia de Exclusión (Art. 68A CP): La conducta no está excluida de beneficios judiciales ni constituye delito contra la libertad sexual de menores, homicidio agravado u otras conductas vedadas.
3. Desempeño y Conducta Penitenciaria: Durante el tiempo de reclusión, el procesado ha observado una conducta calificada de [BUENA / EJEMPLAR] expedida por el Consejo de Disciplina del INPEC, sin registrar sanciones disciplinarias vigentes.
4. Arraigo Familiar, Social y Domiciliario Acreditado: Se aporta prueba idónea consistente en certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal / contrato de arrendamiento / certificado de libertad y tradición del inmueble ubicado en [DIRECCIÓN EXACTA, BARRIO Y CIUDAD], donde el condenado cumplirá la medida bajo supervisión electrónica o visitas periódicas del INPEC.
5. Garantía de Reparación o Caución: Se manifiesta plena disposición para constituir la caución prendaria o suscribir acta de compromiso de que trata el numeral 4 del artículo 38B del Código Penal.

III. PETICIÓN CONCRETA
Con base en los hechos y consideraciones jurídicas expuestas, solicito muy respetuosamente a su Despacho:
PRIMERO: DECRETAR la sustitución de la prisión intramural por PRISIÓN DOMICILIARIA a favor de [NOMBRE DEL BENEFICIARIO], identificado(a) con C.C. No. [NÚMERO].
SEGUNDO: FIJAR la correspondiente caución prendaria y ordenar la suscripción de la respectiva acta de compromiso y diligencia de fijación de domicilio.
TERCERO: LIBRAR de manera inmediata la respectiva boleta de traslado / encarcelamiento domiciliario con destino a la Dirección del Establecimiento Penitenciario [NOMBRE DEL EPMSC].

IV. ANEXOS Y PRUEBAS
Acompaño a la presente solicitud los siguientes documentos:
1. Copia del fallo de primera y segunda instancia (si aplica).
2. Certificado de conducta y cómputo de pena expedido por la oficina jurídica del INPEC.
3. Certificado de arraigo familiar y prueba de residencia del inmueble propuesto.
4. Copia del documento de identidad y tarjeta profesional del defensor.

NOTIFICACIONES:
Recibiré notificaciones en el correo electrónico: [CORREO ELECTRÓNICO]
Teléfono de contacto: [NÚMERO DE CELULAR / WHATSAPP]

Atentamente,

_________________________________________________
[NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE / APODERADO]
C.C. No. [NÚMERO]
T.P. No. [NÚMERO] del C. S. de la Judicatura

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Abogado Anastasio Badillo Navarro

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